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EL ANTIMILITARISMO

Bandera-_El_SalvadorEl blog de Domingo Monterrosa no es responsable de la opinión de sus colaboradores y los comentarios de sus visitantes.

La condena a 80 años de prisión contra el General Efraín Ríos Montt, ex presidente guatemalteco, pronunciada por el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo de la ciudad de Guatemala, presidido por la jueza Iris Jazmín Barrios, por los supuestos delitos de Genocidio y Deberes contra la Humanidad, constituye la última expresión del antimilitarismo que los grupos de izquierda han propalado por toda América Latina luego de las fracasadas revoluciones que de los años cincuenta a los ochenta, que a excepción de la cubana, llevaron dolor y luto a los pueblos sin haber conquistado sus supuestas banderas de lucha.

El ejercicio del poder por la fuerza militar ha sido experimentado por todos los pueblos y culturas a lo largo de la historia. Las grandes naciones europeas, hace menos de 100 años, estuvieron bajo verdaderos regímenes de terror fascista y ni en Alemania, ni en Italia, ni en España se andan persiguiendo a los antiguos gobernantes o jefes militares. En su momento, lo hicieron las fuerzas vencedoras, pero no sus propios pueblos y mucho menos, se han organizado campañas millonarias como las financiadas por los jesuitas y grupos socialistas y comunistas en América Latina, como una especie de revancha ante la imposibilidad histórica de vencer a las Fuerzas Armadas Latinoamericanas.

Videla, recientemente fallecido en prisión, Pinochet, Ríos Montt, García y Vides Casanova, son ejemplos claros de gobernantes y jefes militares, que en cumplimiento del mandato constitucional, enfrentaron agresiones subversivas y ahora resulta que son violadores de los derechos humanos, genocidas y asesinos.

Todas las guerras civiles en nuestros países fueron iniciadas por grupos terroristas que actualmente, en la mayoría de casos, se han transformado en partidos políticos y sus dirigentes en nuevos millonarios a través de la iniciativa ALBA.

Hasta la fecha, nunca se ha conocido de algún juicio promovido contra algún comandante guerrillero a pesar de las muchas masacres y asesinatos cometidos por las fuerzas insurgentes en diversos conflictos.

Las guerras son complejas. En muchos casos, los supuestos abusos son cometidos por elementos de los Ejércitos sin ningún conocimiento de los Altos Mandos, resulta imposible que los Comandantes Militares tengan control hasta del último elemento de tropa y sobre los efectos psicológicos que la misma presión de los combates produce en los individuos.

Existen momentos en los combates en los que se toman decisiones en pocos segundos: una ráfaga, un tiro de mortero, el lanzamiento de un cohete low, un grado de equivocación en un tiro de artillería, un ataque de fusilería, y en esos pocos segundos o circunstancias. Es imposible evaluar los daños colaterales del combate, sobre todo cuando el enemigo tiene escudos humanos o se moviliza junto a fuertes contingentes de elementos de masas.

La izquierda siempre ha buscado crear mártires y víctimas que justifiquen sus agresiones armadas. Sus dirigentes se ha valido de esas supuestas violaciones a los derechos humanos para montar estructuras que apoyan a las supuestas víctimas y recolectan millones de dólares con los que pagan abogados y campañas publicitarias para reivindicar a los verdaderos agresores de las sociedades. Muchos hacen de esto un modus vivendi.

Es innegable que actualmente los ejércitos latinoamericanos se han modernizado y profesionalizado, pero los seguidores de Marx y la Teología de la Liberación nunca les perdonarán el hecho que les impidieron la toma del poder por la vía violenta.

En El Salvador, ese antimilitarismo últimamente se ha manifestado en la declaratoria de inconstitucionalidad de los nombramientos de dos generales que ocupaban las plazas de Ministro de Seguridad Pública y la Dirección de la Policía Nacional Civil, con la insinuación que se declarará próximamente la inconstitucionalidad del uso de la Fuerza Armada en labores de apoyo a la seguridad pública en momentos en que la sociedad se debate en una incontenible ola de delincuencia y violencia social.

Lo grave de esa declaratoria, es que los magistrados firmantes afirman que la formación militar les inhibe de ejercer dichos cargos, como si la formación militar creara asesinos o déspotas incapaces de ejercer cargos en la rama de la seguridad pública. ¿Y cómo es que nunca se pronunciaron en ese sentido cuando un terrorista que participó en la destrucción del Puente de Oro ocupó el cargo de Director de la PNC? Ahí tenemos una prueba de su doble moral.

Esperamos que el tiempo vaya opacando estas campañas de antimilitarismo y que los pueblos le vayan devolviendo el sitial de honor que merecen sus Fuerzas Armadas en la historia y en la sociedad.

Por la Patria y con Dios

 

Sgto. Guido Miguel Castro